Interceptar, vender o difundir comunicaciones de cuerpos policiales, bomberos, servicios de primeros auxilios o instituciones de inteligencia del Estado podría costar hasta cinco años de prisión, según lo establece una nueva propuesta legislativa presentada por el diputado Yonder Salas ante la Asamblea Legislativa.
El proyecto de ley, registrado bajo el expediente 25.035, busca incluir este delito en el Código Penal y estipula penas que van desde los dos hasta los cuatro años de cárcel. No obstante, si la persona responsable pertenece o perteneció a un cuerpo policial, la sanción aumentaría de tres a cinco años.
“El crimen organizado y otros actores delictivos han encontrado formas de espiar o intervenir frecuencias utilizadas por instituciones de seguridad. Este proyecto llena un vacío legal para garantizar la confidencialidad operativa y proteger la integridad de nuestras fuerzas públicas”, expresó el legislador.
Salas explicó que la iniciativa pretende proteger las comunicaciones operativas entre instituciones encargadas de la seguridad y emergencia nacional, reforzando la capacidad del Ministerio Público para perseguir penalmente este tipo de conductas.
De aprobarse, la reforma se convertiría en una herramienta clave para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y garantizar la coordinación segura entre cuerpos de emergencia y fuerzas del orden.
