Con un trámite de reforma constitucional simplificado, el Congreso de El Salvador cristalizó el miércoles la promesa del presidente, Nayib Bukele, de eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos para sus campañas electorales, en una medida que fue cuestionada por algunos sectores de la sociedad civil.
Con el voto favorable de 58 de los 60 diputados del Congreso unicameral —dominado ampliamente por las fuerzas políticas afines a Bukele— se suprimió el artículo 210 de la Carta Magna que establecía un financiamiento público para los partidos políticos “encaminado a promover su libertad e independencia”. Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de oposición, dividieron sus votos —uno a favor y el otro en contra— mientras que la diputada del conservador partido VAMOS, también opositor, se abstuvo.
La medida legislativa pasará ahora al Poder Ejecutivo, para su respectiva sanción y publicación en el Diario Oficial.
Bukele pidió recientemente a los diputados eliminar ese artículo de la Constitución. “Pues yo sí creo que se debe eliminar la deuda política en El Salvador. Los partidos políticos se pueden financiar como nos financiamos nosotros en el 2019. ¿Difícil? Sí, fue difícil. ¿Pero no fue mejor así?”, publicó Bukele en la red social X
El mandatario arremetió asimismo contra la dirección de Arena, que gobernó el país por 20 años (1989 a 2009), luego de que la alianza opositora publicó un comunicado de prensa pidiendo a los diputados “votar a favor de mantener la deuda política”.
El financiamiento público al que tienen derecho los institutos políticos, según la Ley de Partidos Políticos y la Constitución de la República, se calcula con base en la cantidad de votos que reciben en cada elección y la inflación. El precio lo establece la cartera de Hacienda.
“La eliminación del financiamiento público es otra medida para consolidar y mantener un sistema de partido hegemónico o dominante”, advirtió Eduardo Escobar, de la ONG Acción Ciudadana. “La reforma afectará el pluralismo político, ya que la mayoría de los partidos no podrán costear su funcionamiento ordinario, ni sus campañas electorales, disminuyendo sus posibilidades de victoria electoral”.
