El Salvador: Redadas llevan a miles a prisión, ¿son todos pandilleros?

SAN SALVADOR—Una hora frente a las bartolinas policiales en la capital de El Salvador basta para presenciar la llegada de decenas de capturados un miércoles por la tarde: la mayoría son jóvenes, algunos tienen tatuajes alusivos a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Otros no.

Afuera de “El Penalito”, como se le conoce a la instalación policial en San Salvador, hay más mujeres que hombres: algunas madres, otras esposas e hijas que al ver la llegada de las patrullas y los capturados, gritan, entre llantos: “¡ahí viene mi hijo!” o “¡te amo, mi amor!”.

Hay familias que buscan a los medios de comunicación para denunciar que sus seres queridos han sido capturados injustamente: “Él no es pandillero”. “Ella no es pandillera”. Otras familias callan y solo esperan ver por última vez el traslado de su familiar a un penal.

“Padres y madres: eduquemos a nuestros hijos para no tener la pena de andar de bartolina en bartolina y de penal en penal en donde otros tratarán de adaptarlos a la vida que ustedes no pudieron hacer”, se lee en un rótulo pegado en la fachada de la pequeña cárcel.

Estas mismas escenas de detenciones masivas se observaron hace 19 años en El Salvador durante gobiernos de derecha, con los planes “Mano Dura” y “Súper Mano Dura” contra las pandillas.

Hoy, el plan “Guerra a las pandillas” del gobierno de Nayib Bukele ya capturó a 9.000 personas, luego de un régimen de excepción que entró en vigencia el 27 de marzo.

Las autoridades de seguridad en El Salvador han dicho que los detenidos son reconocidos pandilleros con órdenes de captura o sospechosos de pertenecer o de colaborar con estas agrupaciones que desde 2015 El Salvador catalogó como “grupos terroristas”.

La única diferencia entre aquellos planes de seguridad y el de ahora es que el presidente salvadoreño tiene a su favor no solo al Congreso, que ya le aprobó un régimen de excepción por 30 días, sino también a la Corte Suprema de Justicia, que ya fue advertida por el presidente de traslados si no mantiene en prisión a los capturados.

¿Son todos los capturados pandilleros?

Las celdas policiales se abarrotaron desde los primeros días en que El Salvador suspendió cuatro derechos constitucionales: la libertad de asociación, el derecho de una persona a ser debidamente informada de las razones de su arresto, el cambio del plazo de detención administrativa de 72 horas a 15 días y la facultad de las autoridades para intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.

En ese vaivén de legalidades, cada día, durante los últimos 15 días, El Salvador ha capturado un promedio de 600 personas cada día.

“Se debería de hacer justicia legalmente porque la verdad es que se han llevado a mucha gente injustamente, gente que verdaderamente no debe nada, solamente por vivir en un barrio conflictivo, en una zona roja, ese es el motivo por el cual se han llevado a los jóvenes”, dijo a la Voz de América Orlando Osorio Aguilar, luego de abrazar a su hijo, José Orlando Osorio, quien llegó a El Penalito el 6 de abril, esposado en una patrulla policial.

Para el Movimiento de los Trabajadores de la Policía en El Salvador, algunos jefes policiales han impuesto cuotas diarias de detenidos. “La lucha contra las pandillas no es competencia. Por cubrir esa cuota se pueden llevar gente que no tiene nada que ver con pandillas”, señaló la organización en un comunicado el 7 de abril.

Pero la postura del gobierno es otra: el presidente Bukele aseguró que, de los capturados, es probable que el 1% haya sido capturado injustamente. Es decir, casi 100 personas. Al 99% restante, Bukele los llamada pandilleros.

El mandatario mantiene en emergencia las cárceles salvadoreñas. Más de 20.000 reclusos no tienen permiso de salir de sus celdas a las áreas recreativas de los penales y la comida les ha sido racionada a dos tiempos.

Buscando reforzar el plan “Guerra a las pandillas”, el gobierno ha sumado una serie de reformas a la legislación penal salvadoreña para castigar, entre otras conductas delictivas, la pertenencia a las pandillas con hasta 30 años de prisión y, si son cabecillas, con penas que oscilan entre 40 y 45 años. Antes de las reformas, esas penas eran de entre 5 y 14 años de cárcel.

“Hay rumores de que quieren empezar a vengarse de la gente honrada, al azar. Si lo hacen, no va a haber un tiempo de comida en la cárcel. Ni uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales; que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse sus pandilleros”, justificó el mandatario en una conferencia de prensa.

Pero el riesgo que ve José Miguel Cruz, quien es investigador en temas de seguridad ciudadana de la Universidad de Florida en Estados Unidos, es que se vuelva a repetir el fenómeno de fortalecer aún más a las pandillas por “abusos cometidos por las fuerzas de seguridad”, como ocurrió con los planes “Mano Dura” y “Súper Mano Dura”.

“¿Qué fue lo que hicieron? Agarrar a todos los jóvenes que parecían pandilleros de comunidades marginadas, comunidades pobres, comunidades en donde el Estado apenas llega para proveer servicios”, dijo Cruz en la radio cultural de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

“En esa época metieron a muchos jóvenes a la cárcel de una sola vez y los jóvenes que todavía no estaban seguros de si querían ser pandilleros o no, terminaron en las pandillas organizando estas grandes redes a nivel nacional”, concluyó.

Estados Unidos pide respetar derechos

Entre el 25 y el 27 de marzo, El Salvador vivió la peor ola de violencia desde inicios de siglo: 87 personas fueron asesinadas en 72 horas. Solo el sábado 26 de marzo hubieron 62 homicidios, convirtiéndose así en el día más violento en lo que va del siglo 21.

Esta fue la razón por la que el gobierno salvadoreño impulsó en los últimos días una ofensiva contra las pandillas que ya redujo las muertes violentas. Sin embargo, algunas de las medidas han sido criticadas por Estados Unidos y organizaciones internacionales debido a que varias familias han reclamado arrestos injustificados.